El Senado de México aprobó la reforma al amparo con mayoría oficialista. Activistas alertan retrocesos en derechos humanos y exigen garantizar acceso a la justicia.
El Senado de México aprobó la noche del miércoles una reforma a la Ley de Amparo con 70 votos a favor y 39 en contra, gracias al respaldo de Morena y sus aliados. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, endurece los requisitos para activar este recurso legal, considerado clave en la defensa de los derechos humanos.
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El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados para su discusión final. Sheinbaum defendió que la reforma busca evitar abusos: “La justicia nunca ha llegado a los más pobres; los deudores fiscales son quienes más han usado el amparo en su beneficio”.
El texto aprobado amplía el plazo para que jueces dicten sentencias de 60 a 90 días en los amparos indirectos y limita la suspensión de actos reclamados en casos de lavado de dinero, terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública.
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Además, se incluyó un marco legal para realizar juicios digitales, aunque quienes no tengan acceso a internet podrán mantener el trámite tradicional. Otro punto polémico es la incorporación de un artículo transitorio que permite aplicar la reforma a casos en trámite.
El Centro Prodh, GIRE, Fundar y Artículo 19 expresaron preocupación por los límites impuestos a las suspensiones, al considerar que reducen la eficacia del amparo como medida cautelar. En un comunicado, subrayaron que la reforma debería fortalecer, no restringir, el acceso a la justicia conforme a la Constitución y tratados internacionales.
Mientras el oficialismo sostiene que la reforma busca agilizar procesos y cerrar espacios a la corrupción, críticos alertan sobre un retroceso en la protección de los derechos fundamentales en México.
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