En América Latina, el acceso al aborto ha avanzado en algunos países, pero millones de mujeres y niñas todavía enfrentan barreras legales, económicas y territoriales para decidir sobre su maternidad.
El 28S es una jornada latinoamericana y caribeña por el acceso al aborto legal y seguro. En las últimas décadas, varios países han cambiado sus leyes, pero el acceso sigue siendo muy desigual. Reconocer un derecho en la ley no siempre significa poder ejercerlo.
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México, Colombia, Argentina y Uruguay han ampliado el acceso al aborto, aunque cada país tiene reglas y condiciones distintas. En otros lugares, las leyes siguen siendo mucho más restrictivas.
En México, por ejemplo, los cambios legales han avanzado de manera importante. Sin embargo, el propio gobierno reconoce que modificar las leyes penales no resuelve por sí solo dónde, cómo y en qué condiciones se presta el servicio.
En Colombia, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 en 2022, mientras que Argentina cuenta con una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.
La diferencia entre países también se refleja en la vida cotidiana: el territorio, el dinero, la información y la disponibilidad de servicios pueden determinar qué tan fácil es acceder a una atención segura.
Hablar del derecho a decidir implica que las personas puedan definir si quieren tener hijos, cuándo y en qué condiciones. Eso requiere mucho más que una ley. Significa acceso a educación sexual, anticonceptivos, atención médica, información clara y servicios de salud reproductiva.
La región ha avanzado en algunos de estos puntos. Según la CEPAL, la fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe bajó de 69,9 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años en 2014 a 50,3 en 2024. Sin embargo, continúa siendo una de las más altas del mundo y mantiene fuertes desigualdades.
La CEPAL también señala que la fecundidad regional llegó a 1,8 hijos por mujer en 2024, por debajo del nivel de reemplazo, y relaciona estos cambios con factores como educación, empleo femenino, anticonceptivos y transformaciones en las decisiones reproductivas.
El debate también debe mirar los embarazos infantiles y adolescentes. Cuando una niña queda embarazada, no puede reducirse el problema a hablar de “maternidad temprana”. Es necesario investigar las circunstancias, detectar posibles delitos sexuales y garantizar protección y atención integral.
La reducción de los embarazos adolescentes demuestra que las políticas de prevención pueden funcionar. Pero la desigualdad económica y territorial todavía deja a muchas adolescentes sin las mismas posibilidades de decidir sobre su vida reproductiva.
El 28S vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa a toda la región: ¿qué significa realmente tener derecho a decidir?
La respuesta no pasa solamente por despenalizar. También implica contar con servicios accesibles, personal capacitado, presupuesto, anticonceptivos, educación sexual y mecanismos para exigir que las instituciones cumplan.
Como plantea la CEPAL, las políticas públicas deben garantizar que las personas puedan decidir libre y responsablemente cuántos hijos quieren tener y hacerlo compatible con sus proyectos educativos, laborales y personales.
En América Latina, el mapa legal está cambiando, pero la posibilidad de decidir todavía depende demasiado del país, del territorio y de las condiciones económicas. El desafío del 28S es que ese derecho deje de existir solo en el papel y pueda ejercerse de manera efectiva en toda la región.
