En España se viene manejando la posibilidad de impulsar el aborto hasta convertirlo en derecho constitucional. Si esto pasara, España sería, luego de Francia, el segundo país en el mundo que lo haría.
El aborto es legal en España desde hace 40 años. Quien lo lea de forma despreocupada, pensará que es poco, pero, luego, al voltear a otras latitudes, se da uno cuenta que en realidad no lo es. Pues bueno, por fortuna, para la gente en este país europeo el asunto no debería quedarse ahí, en la mera legalización del procedimiento, sino que, aupados por varias organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres, el actual gobierno de corte progresista ha venido trabajando en la posibilidad de consagrar al aborto como un derecho constitucional. Lo anterior, de hacerse realidad, convertiría a España en el segundo país en convertir al aborto en un derecho constitucional luego de que Francia lo hiciera hace algún tiempo.
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Hay que decir que, claro, el camino no será fácil. Y no lo será porque en el país hay facciones conservadoras que, a su manera, siguen ejerciendo presión en contra del aborto: un ejemplo claro está en las mentiras que se ordenó decir en Madrid sobre el síndrome postaborto. No obstante, el deseo de convertir el aborto en derecho es más fuerte y el trabajo requerirá de un gran esfuerzo político ya que la reforma constitucional tendría que ser votada satisfactoriamente por tres quintos del congreso.
Sumado a lo anterior, y dentro del deseo del gobierno, se encuentra el deseo de reforzar medidas para evitar que el tema del aborto siga siendo instrumentalizado por grupos provida que, amparados en mentiras, suelen intentar persuadir a quienes por distintas circunstancias se ven en la necesidad de interrumpir sus embarazos; ¿cuál es la idea entonces? Sí, que la información que se ofrezca siempre esté soportada en investigación científica y normas de la Organización Mundial de la Salud.
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