Organizaciones sociales y religiosas llevan al Tribunal Constitucional dominicano el debate sobre el aborto cuando el embarazo pone en riesgo la vida o salud de la mujer.
Organizaciones sociales y religiosas presentaron una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) ante el Tribunal Constitucional de República Dominicana para cuestionar artículos del Código Penal que penalizan el aborto incluso cuando un embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer.
El recurso plantea que la legislación vigente puede impedir que médicos actúen a tiempo por temor a enfrentar consecuencias penales. Las organizaciones sostienen que esta situación puede vulnerar derechos fundamentales como la dignidad, la salud y la integridad física.
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Entre los antecedentes citados aparece el caso de Damaris Mejía, quien murió en 2012 después de que tres hospitales rechazaran atenderla durante un embarazo de alto riesgo. También mencionan a Esperancita, una adolescente cuyo embarazo estuvo acompañado por complicaciones que terminaron con su muerte.
Las organizaciones señalan que estas historias evidencian las consecuencias que puede tener una legislación que no permite respuestas médicas oportunas ante embarazos de alto riesgo.
El Código Penal aprobado en 2023 mantiene una prohibición amplia del aborto. El recurso cuestiona especialmente el artículo 111, que exige agotar los medios científicos y técnicos disponibles antes de interrumpir un embarazo cuando existe riesgo.
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Las entidades, entre ellas la Alianza Cristiana Dominicana y Católicas por el Derecho a Decidir República Dominicana, sostienen que el artículo 37 de la Constitución, que reconoce la protección de la vida desde la concepción, no debe interpretarse de forma absoluta.
Las organizaciones no plantean eliminar la protección de la vida prenatal, sino establecer una interpretación que también garantice los derechos de las mujeres.
Si el Tribunal Constitucional acepta sus argumentos, la decisión podría abrir la puerta a cambios en la aplicación de la legislación sobre aborto en circunstancias extremas y convertirse en un precedente relevante para los derechos reproductivos en el país.
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