A cuatro años del fallo que despenalizó el aborto en Colombia, organizaciones alertan que persisten barreras en zonas con conflicto y migración.
Cuatro años después de que la Corte Constitucional de Colombia despenalizara el aborto hasta la semana 24, el acceso pleno sigue sin garantizarse en todo el país. Un informe del Centro de Derechos Reproductivos, junto a colectivos de Cauca, Nariño y Santander, documenta barreras persistentes en territorios marcados por el conflicto armado y la migración.
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El reporte identifica negación del servicio, trabas administrativas, uso indebido de la objeción de conciencia y control territorial por actores armados. También advierte sobre maternidades forzadas en niñas y limitaciones de movilidad que impiden llegar a centros de salud.
El movimiento Causa Justa sostiene que estas barreras afectan más a mujeres indígenas y a quienes buscan el servicio en etapas avanzadas del embarazo. Aunque en ciudades muchas mujeres acceden de forma autónoma, los casos que requieren apoyo legal suelen involucrar desinformación, demoras injustificadas y ausencia de rutas claras de atención.
Datos de Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres indican que, tras la sentencia, más mujeres gestionan el aborto con información segura y oportuna. De 2.532 casos acompañados, solo el 4 % ocurrió después de la semana 24 y, en la mayoría, hubo obstáculos previos.
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La coalición advierte que el derecho enfrenta intentos de retroceso. El Concejo de Bogotá aprobó recientemente un proyecto que imponía requisitos adicionales a la interrupción voluntaria del embarazo. El alcalde Carlos Fernando Galán objetó la iniciativa el 21 de febrero, fecha que marcó el cuarto aniversario del fallo.
Las organizaciones convocaron una concentración frente a la Corte y reiteraron que la vigilancia ciudadana resulta clave, especialmente en contextos electorales. Aunque el uso del servicio no aumentó de forma desproporcionada, la garantía efectiva del derecho todavía depende del territorio donde viva cada mujer.
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