Un profesor de California fue acusado de intentar asesinar a Trump tras un tiroteo en Washington. El caso reabre el debate sobre seguridad y violencia política.
Un tribunal federal imputó a Cole Tomas Allen, un profesor de California de 31 años, por intentar asesinar al presidente Donald Trump durante un tiroteo ocurrido en Washington. El acusado enfrentó tres cargos federales, incluidos delitos relacionados con armas de fuego y el intento de magnicidio, que podría derivar en cadena perpetua. La audiencia inicial duró menos de 30 minutos y el juez fijó una nueva comparecencia para definir su situación legal. 
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El incidente ocurrió en el hotel donde se celebraba la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Allen intentó superar un control de seguridad armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, lo que provocó un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto. 
El presidente y otros altos funcionarios fueron evacuados de inmediato. Un agente resultó herido, aunque su chaleco antibalas evitó consecuencias graves. 
Las autoridades señalaron que el acusado había preparado el ataque con antelación. Antes del tiroteo, envió mensajes en los que expresaba su intención de causar el mayor daño posible a miembros del Gobierno. 
La fiscalía advirtió que los cargos actuales son preliminares y que podrían ampliarse conforme avance la investigación. También analizan su actividad digital y posibles vínculos, aunque por ahora se cree que actuó solo. 
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El director del FBI confirmó que los investigadores trabajan sin pausa para esclarecer los motivos del ataque. En paralelo, la Casa Blanca anunció una revisión de los protocolos de seguridad en eventos con la presencia del presidente. Desde el entorno presidencial, se vinculó el ataque con el clima de polarización política, mientras que autoridades insistieron en que el caso debe tratarse bajo el marco judicial.
El intento de atentado revive la preocupación por la violencia política en Estados Unidos y pone en foco la seguridad en eventos de alto perfil. Mientras el proceso judicial avanza, el caso de Allen se perfila como uno de los más sensibles del año por su impacto político y simbólico.
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