El Gobierno levantó la suspensión general de permisos para portar armas en Colombia. Organizaciones de mujeres advierten sobre posibles riesgos en hogares y parejas.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella levantó el 8 de septiembre la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego, vigente durante años en Colombia. El Decreto 1368 mantiene requisitos y controles para quienes quieran portar un arma.
La medida permite recuperar la eficacia de permisos individuales que estén vigentes, aunque no autoriza el porte cuando estos se encuentren vencidos, suspendidos, cancelados o revocados.
El Ejecutivo defiende la decisión como parte de su estrategia de seguridad. Según el Gobierno, entre enero y el 3 de septiembre de 2026 las autoridades incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos.
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Para organizaciones como la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal), el debate no termina en las armas utilizadas por grupos criminales. Su preocupación también apunta a una mayor disponibilidad de armas dentro de hogares y relaciones de pareja.
Diana María Salcedo, directora de Limpal Colombia, señaló a EFE que la presencia de un arma puede convertirse en una herramienta de intimidación y control dentro de relaciones marcadas por la violencia.
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Limpal citó en su informe Más vida, menos armas que en 2024 se registraron 886 feminicidios en Colombia y que 330 involucraron armas de fuego, según sus registros. La organización cuestiona que una política de ampliación del porte avance mientras persisten dificultades para prevenir y documentar la violencia contra las mujeres.
Salcedo también afirmó que Limpal no ha encontrado espacios de diálogo con entidades como la Fiscalía o Indumil para discutir los posibles efectos de la medida. El Gobierno, por su parte, sostiene que el levantamiento no implica porte indiscriminado y que las autoridades conservarán los controles y requisitos establecidos por la ley.
El debate queda así entre dos preocupaciones: la estrategia oficial para que ciudadanos autorizados puedan portar armas y las alertas de organizaciones de mujeres sobre los riesgos que una mayor presencia de armas puede generar en contextos de violencia de pareja y familiar.
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