Bolivia suma 41 feminicidios en 2026. Activistas alertan que la crisis social y política ha invisibilizado la violencia contra las mujeres.
Bolivia enfrenta una preocupante escalada de violencia contra las mujeres mientras el país continúa inmerso en una crisis social y política que ya supera el mes de duración. Organizaciones feministas alertan que los feminicidios han perdido visibilidad pública debido a la atención concentrada en las protestas y bloqueos que afectan distintas regiones del país.
Según datos de la Fiscalía, Bolivia registró 41 feminicidios en lo que va de 2026. De ese total, 11 ocurrieron entre mayo y las primeras semanas de junio, incluidos seis casos reportados durante las últimas dos semanas.
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La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, señaló que la crisis actual ha desplazado del debate público la violencia que enfrentan miles de mujeres en el país.
Uno de los hechos más recientes ocurrió en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, donde una mujer de 26 años fue asesinada por su pareja. El agresor intentó ocultar el crimen, pero posteriormente confesó y recibió una condena de 30 años de prisión.
Otro caso que generó conmoción involucró a una mujer de 27 años atacada por su expareja mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales. El contenido del ataque se viralizó rápidamente, situación que organizaciones de mujeres lamentaron por el impacto que tuvo sobre familiares y víctimas indirectas.
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Entre enero y mayo, el Ministerio Público recibió 17.947 denuncias relacionadas con delitos contemplados en la Ley 348 contra la violencia hacia las mujeres. Más de 13.000 correspondieron a casos de violencia familiar o doméstica.
Las organizaciones también advierten sobre las consecuencias para los hijos e hijas de las víctimas. El Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres reportó 52 menores en situación de orfandad a causa de feminicidios durante este año.
Frente a este escenario, activistas exigen acciones urgentes de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales para fortalecer la prevención, la protección de las víctimas y el acceso efectivo a la justicia.
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