Brasil condenó por primera vez a un agente de la dictadura por violar a una presa política y reconoció la violencia sexual como crimen de lesa humanidad e imprescriptible.
La Justicia Federal de Brasil condenó por primera vez a un agente de la dictadura militar por la violación de una presa política y reconoció la agresión sexual como un crimen de lesa humanidad.
El Segundo Juzgado Federal Criminal de Río de Janeiro impuso una pena de 12 años y 11 meses de prisión al exsargento del Ejército Antônio Waneir Pinheiro de Lima por el secuestro, detención ilegal agravada y violación de la historiadora y militante Inés Etienne Romeu en 1971. La sentencia todavía puede recibir recursos, por lo que el condenado permanecerá en libertad mientras continúa el proceso.
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Los hechos ocurrieron en la llamada Casa da Morte, un centro clandestino de detención y tortura ubicado en Petrópolis y administrado por el Centro de Informaciones del Ejército.
Según el Ministerio Público Federal, la sentencia establece que las agresiones sexuales cometidas por agentes estatales durante la dictadura constituyen crímenes de lesa humanidad. Por esa razón, no prescriben y no quedan protegidas por la Ley de Amnistía de 1979. La jueza Maria Isadora Tiveron Frizão también decretó la pérdida del cargo público militar del condenado.
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Inés Etienne Romeu fue la única superviviente conocida de ese centro clandestino. En 1979 denunció públicamente las torturas físicas, psicológicas y sexuales que sufrió durante su cautiverio.
Romeu murió en 2015, pero su testimonio permitió documentar el funcionamiento de la Casa da Morte y las violaciones cometidas allí. La Fiscalía destacó que el fallo rompe décadas de impunidad al reconocer la violencia sexual como una herramienta de persecución política utilizada durante el régimen militar, que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
La Ley de Amnistía permitió inicialmente el regreso de opositores exiliados, pero su interpretación también protegió durante décadas a integrantes de los organismos represivos acusados de graves violaciones de derechos humanos.
Esta sentencia marca un precedente para la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura brasileña, más de medio siglo después de los hechos.
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