Brasil aprobó una ley que endurece medidas y castigos contra agresores de violencia de género, en medio de protestas masivas y preocupación nacional por casos de extrema crueldad.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una ley que endurece las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia de género. El país vive un momento marcado por cifras récord de agresiones y casos que indignaron a millones, lo que impulsó protestas en al menos 90 ciudades.
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La nueva norma permite suspender la posesión de armas a los agresores, restringir su contacto con las víctimas y retirarlos del hogar. También obliga al uso de un monitor de tobillo y activa alertas para que las víctimas reciban avisos si el agresor se acerca. Además, eleva las penas por violación de menores de 14 años a un máximo de 18 años y endurece las condenas cuando el delito termina en asesinato.
Rachel Ripani, una de las organizadoras de las protestas, destacó que la ley llega tras una serie de agresiones que se volvieron virales. Entre ellas, el atropello de Taynara Souza Santos por parte de su exnovio, la violación y asesinato de la profesora Catarina Kasten en Florianópolis y el ataque en una escuela de Río de Janeiro que dejó dos mujeres muertas. Estos episodios encendieron un sentimiento colectivo de urgencia.
Más de una de cada tres mujeres en Brasil sufrió violencia sexual o de género durante un año, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. En 2024 se registraron 1.492 feminicidios, la cifra más alta desde 2015.
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Expertas como Isadora Vianna señalan que el aumento de penas no basta para reducir el problema. Activistas reclaman más inversión en prevención, educación sexual, capacitación institucional y apoyo real a las víctimas. Aseguran que sin estos cambios, la estructura que sostiene la violencia permanecerá intacta.
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