La Defensoría del Pueblo alertó que el Catatumbo sigue atrapado en la violencia armada, con más de 100.000 desplazados y graves violaciones al DIH.
El Catatumbo colombiano continúa sumido en la violencia armada un año después de la incursión de grupos ilegales que desató una de las crisis humanitarias más graves del país. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el impacto sostenido del conflicto en esta región fronteriza con Venezuela.`
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Durante la presentación del informe Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que el desplazamiento forzado no se ha detenido. En las últimas semanas, cientos de familias han abandonado sus veredas ante el temor por su seguridad y la falta de garantías para permanecer en el territorio.
El informe documenta crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante ataques masivos y sistemáticos contra la población civil. Habitantes relataron vivir bajo el sonido constante de drones, con miedo a bombardeos y explosivos lanzados desde el aire. Además, los grupos armados imponen restricciones de movilidad que aíslan municipios y dificultan el acceso a alimentos, salud y educación.
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La violencia se intensificó el 16 de enero de 2025, cuando el ELN lanzó una ofensiva contra disidencias de las antiguas FARC. Desde entonces, los enfrentamientos se mantienen en una región clave para el narcotráfico y la producción de coca.
Para marzo, las autoridades registraron al menos 96 personas asesinadas, entre ellas firmantes de paz, menores de edad y líderes sociales, además de más de 56.000 desplazados. En diciembre, las cifras aumentaron a 163 homicidios y más de 100.000 personas forzadas a huir, según datos oficiales.
Respuesta estatal y retos pendientes
La magnitud de la crisis superó la capacidad institucional y llevó al Gobierno a declarar el estado de conmoción interior. El Ejecutivo también suspendió la mesa de diálogo con el ELN. La Defensoría pidió a los grupos armados abrir un espacio humanitario y respetar el Derecho Internacional Humanitario, al subrayar que esta guerra no pertenece a la población civil.
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