La Cámara de Diputados de Chile reunió 62 firmas para investigar los presuntos vínculos entre Fernando Cerimedo, autoridades y una red de bots y desinformación.
La Cámara de Diputados de Chile reunió este lunes las 62 firmas necesarias para solicitar la creación de una Comisión Especial Investigadora sobre el argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia e investigado por un presunto intento de sicariato contra su esposa y por su posible relación con una “granja de bots”.
La iniciativa surgió en medio de cuestionamientos de sectores de oposición sobre eventuales vínculos entre funcionarios del Gobierno chileno, cuentas digitales y el consultor político argentino. La oposición también solicitó a la Contraloría General de la República revisar los posibles nexos.
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El diputado José Montalva (PPD), impulsor de la comisión, aseguró que existen indicios sobre posibles conexiones entre personeros del Gobierno y operaciones vinculadas con bots, deepfakes y noticias falsas.
Montalva sostuvo que la investigación no pretende dirigirse contra un sector político específico, sino establecer si existieron acciones capaces de afectar la transparencia de los procesos electorales. “Esto tiene que ver con darle todas las garantías a los ciudadanos de que los procesos electorales están limpios de contaminación digital”, afirmó.
La comisión también buscará determinar si el Gobierno conocía antecedentes relacionados con Cerimedo, qué medidas adoptó y si contaba con herramientas suficientes para proteger el sistema democrático.
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La propuesta deberá pasar ahora por la Sala de la Cámara de Diputados. Si obtiene la aprobación, se conformará una instancia integrada por 13 parlamentarios, quienes posteriormente elegirán a su presidente. La comisión podrá citar a autoridades, convocar a particulares y solicitar documentos para reconstruir los posibles vínculos y determinar responsabilidades.
El debate también alcanza al propio mandatario, quien reconoció conocer a Cerimedo, pero negó haber contratado sus servicios durante sus campañas o desde el Gobierno. La investigación podría convertirse en un nuevo foco de tensión política mientras los parlamentarios buscan establecer si existió alguna conexión entre autoridades, operaciones digitales y el consultor argentino.
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