Igualdad pide a Ceuta activar fondos contra la violencia de género para proteger a mujeres migrantes en riesgo de agresiones, trata y explotación sexual.
El Ministerio de Igualdad ha recordado a las autoridades de Ceuta que pueden utilizar los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para proteger a mujeres migrantes que llegaron a la ciudad autónoma en los últimos días.
La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres envió una carta a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina. En ella, María Guijarro expresó su preocupación por la situación de mujeres que se esconden en las calles o buscan refugio en asentamientos de la zona montañosa.
El Ministerio alerta de que estas mujeres afrontan un riesgo extremo de sufrir violencia sexual, agresiones físicas, trata o explotación sexual. Por ello, Guijarro pidió que las administraciones actúen de forma coordinada y garanticen un lugar seguro donde puedan recibir atención básica.
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Igualdad señaló que Ceuta cuenta con espacios públicos que pueden servir como alojamiento temporal durante esta emergencia. También recordó que la ciudad autónoma puede destinar recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a acciones de protección y asistencia.
El Gobierno asignó 2,3 millones de euros a Ceuta para combatir la violencia machista durante 2026. Cerca de dos millones corresponden al desarrollo del Pacto de Estado, mientras 400.000 euros financian programas autonómicos dirigidos a víctimas de violencia de género y violencias sexuales.
La secretaria de Estado insistió en que esos fondos deben proteger a mujeres que enfrentan una situación de especial vulnerabilidad. “La ciudad debe atender a estas mujeres en riesgo”, trasladó Igualdad en su comunicado.
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El Ministerio también contactó con la directora del Instituto de las Mujeres de Ceuta, la Delegación del Gobierno y la Unidad de Violencia de Género. Las instituciones analizan la situación tras la entrada desde Marruecos de decenas de miles de personas.
Muchas personas ya retornaron, pero otras permanecen en la ciudad sin recursos ni un lugar seguro. La respuesta institucional debe priorizar la protección, el acceso a servicios sociales y la prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres.
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