El gobierno de José Antonio Kast anunció una fuerte alza en combustibles, generando filas, críticas y advertencias sobre inflación.
El gobierno del presidente José Antonio Kast anunció una histórica alza en los precios de los combustibles, lo que provocó largas filas en estaciones de servicio y encendió el debate político en el país.
La gasolina subirá cerca de un 32 % y el diésel alrededor de un 62 %, en una de las mayores alzas registradas en Chile en décadas. La medida responde al encarecimiento del petróleo a nivel global, impulsado por tensiones en Medio Oriente. 
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Kast pidió “responsabilidad” y “solidaridad” tanto a la ciudadanía como a la oposición frente al impacto económico de la medida. Reconoció que el aumento representa “un golpe al bolsillo”, pero insistió en que se trata de una decisión necesaria. 
El mandatario también advirtió que las posibles protestas deben mantenerse pacíficas, especialmente para no afectar a quienes dependen del transporte público.
El Ministerio de Hacienda explicó que absorber completamente el alza habría costado hasta 4.000 millones de dólares, una cifra difícil de sostener en el actual escenario fiscal.
Ante esto, el Ejecutivo anunció medidas para mitigar el impacto, como el congelamiento del transporte público en Santiago y subsidios para calefacción durante el invierno. Además, el Gobierno busca reforzar el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo para enfrentar futuras fluctuaciones.
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Los gremios del transporte reaccionaron con preocupación y advirtieron que el aumento generará un efecto dominó en toda la economía, elevando costos logísticos y precios al consumidor. 
La oposición también cuestionó la medida, señalando que agravará la inflación y afectará a los sectores más vulnerables.
La subida del combustible se convierte en una de las primeras grandes pruebas para la administración de Kast, que asumió recientemente el poder.
El impacto económico y social de la medida podría marcar el rumbo político del gobierno en sus primeras semanas, en un contexto donde el equilibrio entre estabilidad fiscal y bienestar ciudadano sigue en el centro del debate.
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