Organizaciones y mujeres rechazan el proyecto “Escucha su corazón”, impulsado por la ultraderecha chilena, al considerar que vulnera derechos y revictimiza.
El proyecto de ley “Escucha su corazón”, impulsado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y del oficialista Partido Republicano, provocó una fuerte reacción entre organizaciones feministas, especialistas y mujeres en Chile, quienes consideran que la propuesta representa un retroceso en los derechos reproductivos.
La iniciativa busca modificar el Código Sanitario para que, antes de acceder a una interrupción del embarazo bajo las tres causales permitidas por la legislación chilena, el personal médico informe si existe actividad cardíaca detectable en el feto y ofrezca a la mujer escuchar los latidos.
Aunque el texto señala que la paciente podría rechazar esa posibilidad, también establece que, de hacerlo, el médico deberá negarse a practicar el procedimiento, lo que, según sus detractores, convierte esa opción en una obligación de hecho.
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Diversas agrupaciones de mujeres criticaron la propuesta y denunciaron que añade una carga emocional innecesaria para quienes enfrentan embarazos por violación, inviabilidad fetal o riesgo para su vida.
“¿Hasta cuándo hay sectores políticos que utilizan nuestro cuerpo para impulsar sus agendas ideológicas?”, cuestionaron activistas durante las manifestaciones convocadas tras conocerse el contenido del proyecto.
Especialistas también señalaron que escuchar los latidos no aporta información clínica adicional para determinar la viabilidad del embarazo y advirtieron que la medida podría constituir una forma de violencia obstétrica al incrementar el sufrimiento psicológico de las pacientes.
La polémica también tensionó al Gobierno del presidente José Antonio Kast, aunque el Ejecutivo evitó respaldar o rechazar públicamente la iniciativa.
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, afirmó que la prioridad del Gobierno es enfrentar la crisis de natalidad mediante políticas públicas y recordó que existe una comisión presidencial encargada de estudiar las causas de la baja tasa de nacimientos en el país.
Por su parte, el Ministerio de la Mujer no emitió una postura oficial y desde La Moneda insistieron en que se trata de un proyecto presentado por parlamentarios y no por el Ejecutivo.
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El proyecto chileno mantiene similitudes con medidas adoptadas en Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, así como en algunos estados de Estados Unidos y en la región española de Castilla y León.
Mientras sus impulsores sostienen que fortalece el consentimiento informado, sus críticos consideran que utiliza mecanismos de presión emocional para dificultar el acceso a un derecho reconocido por la legislación chilena desde 2017.
La discusión continuará en el Congreso, donde el proyecto enfrenta un intenso debate político, médico y jurídico sobre los límites del consentimiento informado y la autonomía de las mujeres.
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