Colombia cuestionó ante la ONU el lenguaje sobre derechos sexuales y reproductivos y limitó la interpretación de género, una posición que preocupa a organizaciones de derechos humanos.
Colombia tomó distancia de expresiones como “salud y derechos sexuales y reproductivos” durante la última jornada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El embajador encargado ante la ONU, Álvaro Ayala, afirmó que ese lenguaje no cuenta con una definición universalmente acordada ni aparece, según la interpretación del Gobierno, en tratados vinculantes.
La declaración se produjo durante el debate de la resolución L.34, impulsada por España y Alemania sobre el derecho al agua potable y al saneamiento. El texto también menciona la salud sexual y reproductiva y necesidades específicas de las mujeres, como la higiene menstrual.
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El Gobierno colombiano señaló que interpretará expresiones como “violencia sexual y de género”, “estereotipos de género” y “perspectiva de género” como orientaciones destinadas a garantizar la igualdad y prevenir la discriminación y la violencia.
La postura llega después de que Colombia se retirara de la Coalición por la Igualdad de Derechos, una alianza internacional que reúne a gobiernos y organizaciones para promover los derechos de las personas LGBTIQ+.
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Caribe Afirmativo cuestionó las declaraciones y advirtió que una lectura restrictiva puede dificultar la identificación de formas específicas de desigualdad y violencia que afectan a mujeres y personas LGBTIQ+.
La organización también recordó que los derechos sexuales y reproductivos forman parte del desarrollo jurídico colombiano y señaló la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional.
La declaración del Gobierno ante la ONU no elimina ni modifica el derecho al aborto en Colombia. La Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 y mantuvo las tres causales que aplican después de ese plazo.
Sin embargo, la posición diplomática genera preocupación porque los derechos sexuales y reproductivos no son solo conceptos utilizados en organismos internacionales: también están relacionados con derechos reconocidos por la jurisprudencia colombiana, como la autonomía reproductiva, la salud y la dignidad.
Para organizaciones defensoras de estos derechos, el cambio de lenguaje importa porque puede influir en la forma en que el Estado reconoce, protege y desarrolla políticas dirigidas a garantizar que mujeres y personas LGBTIQ+ puedan ejercer sus derechos sin discriminación.
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