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La Suprema Corte dio 90 días a Guanajuato para reformar su ley y despenalizar el aborto. Si incumple, podría emitir una resolución con efectos nacionales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso clave en la disputa por la despenalización del aborto en México. El máximo tribunal admitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad contra artículos del Código Penal de Guanajuato que castigan la interrupción del embarazo y fijó un plazo de 90 días, a partir del 15 de febrero, para que el Congreso local reforme su legislación.
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Si el estado no cumple, la Corte podría emitir una resolución con efectos generales que impacte a todas las entidades que aún criminalizan el aborto.
Amnistía Internacional celebró la decisión y recordó que Guanajuato no ha acatado la sentencia de 2021, cuando la SCJN declaró inconstitucional penalizar el aborto en el país. Ese fallo obligó a los 32 estados a adecuar sus normas.
Sin embargo, el Congreso guanajuatense archivó en diciembre de 2025 iniciativas que buscaban despenalizar el aborto y reconocer la autonomía reproductiva. Para organizaciones civiles, esa decisión incumple obligaciones constitucionales y prolonga la vulneración de derechos.
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Actualmente, Guanajuato figura entre los estados que todavía no ajustan su marco legal, junto con Morelos, Querétaro, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora.
El caso ocurre en medio de otras discusiones judiciales. La Corte también revisa la situación de Aguascalientes, donde el Congreso redujo el plazo legal para abortar de 12 a seis semanas tras haberlo ampliado previamente. Esa decisión generó críticas por considerarse un retroceso.
En 2023, la SCJN reforzó su postura al ordenar incluso al Congreso federal eliminar los artículos que penalizan el aborto, una reforma que aún no se concreta.
Con el nuevo plazo en marcha, Guanajuato enfrenta una presión directa del máximo tribunal. La decisión final podría redefinir el panorama legal del aborto en todo el país.
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