Costa Rica rechazó ante la ONU conceptos como violencia reproductiva, interseccionalidad y masculinidad patriarcal, una postura que genera críticas por su impacto en los derechos de las mujeres.
El Gobierno de Costa Rica oficializó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una postura que rechaza el uso de conceptos como “violencia reproductiva”, “masculinidad patriarcal” e “interseccionalidad”, al sostener que estos términos no forman parte de tratados internacionales jurídicamente vinculantes. La decisión ha despertado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que consideran que este tipo de posiciones debilitan el reconocimiento de las violencias y desigualdades que enfrentan millones de mujeres.
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La declaración fue presentada en Ginebra por Gustavo Corella Cordero, representante de la misión costarricense ante la ONU. Horas después, la diputada oficialista y pastora evangélica Kattya Mora aseguró que el documento fue impulsado desde su despacho y contó con el aval de la presidenta Laura Fernández Delgado.
Durante la intervención, la delegación argumentó que términos como interseccionalidad, violencia reproductiva y masculinidad patriarcal carecen de reconocimiento en instrumentos internacionales obligatorios y que incorporarlos ampliaría las obligaciones de los Estados sin su consentimiento.
Costa Rica manifestó además reservas sobre conceptos como autonomía corporal y derechos sexuales y reproductivos, afirmando que estos no deben interpretarse de manera que contradigan la protección del derecho a la vida desde la concepción. La representación también defendió una interpretación restrictiva del concepto de género basada en el Estatuto de Roma y sostuvo que la educación sexual no puede reemplazar el derecho de los padres a orientar la formación de sus hijos.
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Aunque el Gobierno insiste en que mantiene su compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas, especialistas y organizaciones feministas advierten que el rechazo a este lenguaje no es un asunto meramente terminológico. Conceptos como interseccionalidad o violencia reproductiva surgieron para describir realidades documentadas por organismos internacionales y por décadas de investigación académica sobre discriminación y violencia de género.
La postura costarricense se alinea con el avance de gobiernos y movimientos ultraconservadores que buscan limitar el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos en organismos multilaterales. Eliminar estas categorías del debate internacional dificulta la formulación de políticas públicas que respondan a las múltiples formas de violencia y desigualdad que afectan a mujeres y niñas.
El pronunciamiento reabre el debate sobre el papel de Costa Rica en la defensa de los derechos humanos y sobre el impacto que pueden tener este tipo de posiciones en la protección de grupos históricamente vulnerados.
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