Bolivia, Chile, Argentina y Perú impulsan cambios para sancionar denuncias falsas de violencia, mientras organizaciones advierten que podrían desalentar a víctimas.
Bolivia, Chile, Argentina y Perú impulsan proyectos para aumentar las sanciones contra quienes presenten denuncias falsas de violencia de género, familiar o sexual. Las iniciativas buscan proteger a personas acusadas injustamente, pero también generaron preocupación entre organizaciones que trabajan con víctimas.
En Bolivia, una propuesta plantea reformar la Ley 348 e incorporar sanciones para denuncias falsas, además de reforzar garantías como el debido proceso y la presunción de inocencia.
Otras noticias: Costa Rica rechaza ante la ONU términos que visibilizan la violencia de género
En Perú, el Proyecto de Ley 11561/2024-CR busca crear un delito específico para las denuncias falsas dentro de procesos de violencia familiar. La propuesta contempla penas de tres a seis años cuando se compruebe que la acusación fue deliberadamente fabricada. El Congreso sostiene que no pretende castigar denuncias hechas de buena fe ni aquellas que simplemente no logren probarse.
En Chile, la senadora Vanessa Kaiser impulsa un proyecto que establece sanciones y un procedimiento especial para determinar la falsedad de acusaciones, denuncias o querellas. La iniciativa avanzó recientemente a la Comisión de Constitución, después de que la Comisión de Mujer y Equidad de Género rechazara la idea de legislar.
El proyecto también generó una advertencia dentro del propio debate parlamentario: una denuncia que termina sin condena no se convierte automáticamente en una denuncia falsa. Legisladoras y organizaciones señalaron posibles riesgos para la denuncia oportuna y para la protección de niños, niñas y adolescentes.
Léase también: La extrema derecha de Chile busca que las mujeres escuchen el latido del feto antes de abortar
Los datos disponibles muestran que las denuncias falsas representan una proporción pequeña del universo de casos investigados. En Argentina, un relevamiento de ministerios públicos encontró que solo 8% de las falsas denuncias identificadas en jurisdicciones con datos desagregados correspondían a violencia de género o intrafamiliar.
El punto central del debate es qué ocurre cuando una acusación no consigue pruebas suficientes. Organizaciones de derechos de las mujeres advierten que confundir una denuncia no probada con una denuncia deliberadamente falsa podría aumentar el miedo a denunciar.
En ese contexto, las nuevas iniciativas plantean una discusión regional sobre cómo proteger el debido proceso sin crear obstáculos adicionales para quienes buscan denunciar violencia.
Información tomada de: TheGuardian.com
Te puede interesar: La filtración que puso bajo la lupa a Dialog y sus reuniones
.jpg)
