La familia de Tierra Walker demandó a Ken Paxton y médicos de Texas. Alega que las restricciones al aborto retrasaron una atención que pudo salvarle la vida.
La familia de Tierra Walker, una mujer de 37 años de San Antonio, demandó al fiscal general de Texas, Ken Paxton, médicos y varias instituciones de salud por su muerte durante el embarazo.
Walker murió en diciembre de 2024, cuando tenía unas 20 semanas de gestación. Según la demanda, durante los meses anteriores presentó convulsiones, coágulos sanguíneos, crisis de hipertensión y preeclampsia, una complicación potencialmente mortal.
La familia sostiene que Walker pidió en repetidas ocasiones interrumpir el embarazo mientras su estado empeoraba. Según la querella, los médicos no realizaron el procedimiento y, en una de las consultas, le dijeron que “el bebé está bien”.
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El 27 de diciembre de 2024, Walker acudió nuevamente al hospital. Allí recibió un diagnóstico de preeclampsia y posteriormente regresó a casa. Murió dos días después, según la demanda.
Los familiares responsabilizan a los profesionales que la atendieron y también a funcionarios estatales. La querella sostiene que las restricciones generaron temor entre los médicos ante posibles consecuencias legales por practicar un aborto.
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La legislación texana prohíbe los abortos en casi todas las circunstancias, aunque contempla una excepción cuando una condición médica amenaza la vida de la paciente o puede provocar un daño grave a una función corporal importante. La ley no contempla excepciones específicas por violación o incesto.
La demanda sostiene que las autoridades y el sistema sanitario interpretaron estas restricciones de manera que impidieron a Walker recibir la atención que necesitaba. Los demandantes también alegan incumplimientos de obligaciones federales de atención de emergencia y cuestionan constitucionalmente las restricciones.
Un informe publicado en 2025 por el Gender Equity Policy Institute señaló que la mortalidad materna aumentó 56 % en Texas durante el primer año completo de la prohibición. El mismo análisis encontró un mayor riesgo de muerte materna en estados con prohibiciones frente a estados donde el aborto permaneció legal y accesible.
El caso de Walker ahora llegará a los tribunales, donde se deberá determinar si las decisiones médicas y las políticas estatales contribuyeron legalmente a su muerte.
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