A 19 años de la despenalización del aborto en CDMX, cifras muestran avances, pero persisten barreras estructurales y desigualdades en el acceso al derecho a decidir.
A 19 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, el balance muestra avances claros, pero también revela pendientes profundos. Desde 2007, más de 292 mil interrupciones legales del embarazo se han realizado de forma gratuita en la capital, sin registrar muertes maternas asociadas, según datos oficiales de salud. 
El dato es contundente. Cuando el Estado ofrece servicios seguros y accesibles, el aborto deja de ser un riesgo sanitario. Sin embargo, este logro no se traduce automáticamente en un acceso equitativo en todo el país.
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Aunque 24 entidades han avanzado en la despenalización, la realidad sigue marcada por la desigualdad. La Ciudad de México concentra gran parte de los servicios, incluso para personas que viajan desde otros estados en busca de atención. 
Esto evidencia que el derecho a decidir aún depende del lugar donde se vive. No es lo mismo acceder a un servicio en la capital que en regiones donde faltan clínicas, personal capacitado o información clara.
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La despenalización abrió la puerta, pero no eliminó los obstáculos. Falta de personal no objetor, tiempos de espera, estigma social y limitaciones presupuestales siguen afectando el acceso real. Además, la criminalización no ha desaparecido por completo. En la Ciudad de México se han abierto más de mil carpetas de investigación por aborto en la última década, lo que refleja un sistema legal aún contradictorio. 
El caso de la capital demuestra que garantizar servicios reduce riesgos y salva vidas. Sin embargo, también deja claro que legalizar no basta. Especialistas y organizaciones coinciden en que el siguiente paso es eliminar la criminalización del aborto en los códigos penales y asegurar su implementación efectiva como un servicio de salud.
El debate ya no se centra solo en permitir o no el aborto, sino en cómo garantizarlo sin desigualdades ni obstáculos. A casi dos décadas del cambio histórico en la Ciudad de México, la discusión sigue evolucionando. El reto ahora es convertir un derecho reconocido en una realidad accesible para todas.
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