Diputados provida pidieron al Tribunal Constitucional rechazar la acción que busca incorporar las tres causales del aborto al nuevo Código Penal por vía judicial.
Un grupo de diputados dominicanos manifestó este miércoles su rechazo a la acción directa de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional (TC), mediante la cual se solicita incorporar al nuevo Código Penal las tres causales para la despenalización del aborto. Los legisladores sostienen que esa decisión corresponde exclusivamente al Congreso Nacional y no al máximo órgano constitucional.
La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Lidia Pérez, habló en representación del grupo y afirmó que el Poder Legislativo ya debatió ampliamente el tema durante el proceso de aprobación del nuevo Código Penal. En ese sentido, consideró que modificar la norma mediante una sentencia implicaría invadir las competencias del Congreso.
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Pérez recordó que el artículo 37 de la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Según explicó, ese principio debe ser respetado por todas las instituciones del Estado.
La legisladora también señaló que el nuevo Código Penal contempla mecanismos para proteger la vida de la madre en situaciones de riesgo. Indicó que el artículo 111 permite la intervención del personal médico cuando sea necesario preservar la vida de la mujer, del feto o de ambos, por lo que afirmó que los profesionales de la salud no serán sancionados por actuar en esos casos.
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Los diputados expresaron su desacuerdo con las tres causales propuestas para la despenalización del aborto. Consideran que la causal relacionada con la salud podría debilitar la protección constitucional del derecho a la vida, mientras que la inviabilidad fetal, según su postura, resulta incompatible con los principios de dignidad e igualdad.
Respecto a los embarazos producto de violación o incesto, reconocieron el sufrimiento de las víctimas, pero sostuvieron que el concebido no puede ser responsabilizado por el delito cometido por un tercero. Finalmente, los legisladores exhortaron al Tribunal Constitucional a respetar las competencias del Congreso Nacional y reafirmaron su respaldo al texto aprobado del nuevo Código Penal, insistiendo en que cualquier modificación debe realizarse mediante el proceso legislativo correspondiente.
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