El DNP aclaró que una diapositiva filtrada con propuestas sobre aborto, adopción igualitaria, JEP y seguridad era un insumo preliminar y no una decisión oficial.
Una fotografía de una presentación interna del Departamento Nacional de Planeación (DNP) generó controversia al mostrar supuestos lineamientos para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El material, divulgado el 27 de agosto, agrupaba propuestas bajo siete llamados “milagros”. Entre ellas aparecían iniciativas que podrían representar fuertes cambios en derechos, seguridad y política pública.
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El denominado “milagro del amor” incluía acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), restringir nuevamente la adopción por parejas del mismo sexo y promover una postura “provida” que buscaría revertir la despenalización del aborto.
La propuesta también contemplaba construir entre siete y diez megacárceles inspiradas en el modelo de Nayib Bukele, eliminar el Inpec y permitir el porte legal de armas para ciudadanos considerados “decentes”.
En la política antidrogas, el documento planteaba fumigar 330.000 hectáreas de cultivos de coca. Además, proponía reducir los ministerios de 19 a 13, modernizar la Dian con inteligencia artificial y crear un bloque de búsqueda contra la corrupción.
Ante la controversia, el DNP emitió un comunicado el 28 de agosto y aseguró que la diapositiva no representa una decisión oficial.
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La entidad explicó que se trata de un “insumo preliminar” elaborado durante un ejercicio técnico exploratorio, sin carácter determinante ni vinculante. También aclaró que el material no constituye la base del Plan Nacional de Desarrollo.
El DNP señaló que sus equipos analizan diferentes escenarios y propuestas durante la construcción del PND. Por ello, una idea discutida en una mesa de trabajo no necesariamente refleja la posición definitiva de la institución.
La entidad pidió a la ciudadanía y a los medios consultar únicamente sus canales oficiales y evitar conclusiones anticipadas mientras continúa la elaboración del plan. La polémica, sin embargo, abrió un debate sobre los posibles cambios que podría impulsar la nueva administración en derechos reproductivos, igualdad, seguridad y justicia transicional.
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