ONU Mujeres alertó que casi el 96 % de las candidatas en México sufrió violencia durante las elecciones de 2023-2024. Solo cuatro de cada 100 denunciantes obtuvieron una resolución favorable.
Casi el 96 % de las candidatas que participaron en las elecciones mexicanas de 2023-2024 sufrió al menos una forma de violencia durante sus campañas, según un estudio de ONU Mujeres México. Los resultados evidencian que aumentar la presencia femenina en la política no garantiza que las mujeres puedan competir en condiciones de igualdad.
La investigación Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias recopiló las experiencias de 615 candidatas a cargos legislativos federales, congresos estatales y puestos municipales.
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La violencia psicológica encabezó las agresiones, con un 95,1 % de los casos reportados. Le siguieron la violencia sexual, con un 61,4 %, y la económica, con un 57,4 %. Más de ocho de cada diez participantes denunciaron agresiones durante actividades presenciales y en espacios digitales.
El informe también expuso dificultades para acceder a la justicia. Solo 18 de cada 100 mujeres afectadas presentó una denuncia y apenas cuatro consiguió una resolución favorable.
Cerca de la mitad de las candidatas legislativas señaló agresiones dentro de sus propios partidos. Entre ellas, alrededor de seis de cada diez identificó a integrantes de las dirigencias partidistas como responsables.
La violencia económica golpeó especialmente a las candidatas indígenas: el 77 % la identificó como un obstáculo para participar en política.
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Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres México, advirtió que los avances en representación femenina deben acompañarse de medidas que permitan a las mujeres ejercer el poder con autonomía y sin violencia.
En el ámbito municipal, el 64,3 % de las candidatas encuestadas tenía responsabilidades de cuidado. De ellas, el 77 % afirmó que estas obligaciones dificultaron su participación política.
Pese a las agresiones, el 83,6 % aseguró que volvería a competir por un cargo público.
El organismo y las autoridades electorales plantean reforzar la prevención, la atención a las víctimas y la coordinación entre partidos, instituciones de justicia, medios y plataformas digitales. El desafío no consiste solo en lograr que más mujeres lleguen al poder, sino en garantizar que puedan ejercerlo sin amenazas ni discriminación.
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