El Salvador prolonga el régimen de excepción por 30 días más, en medio de respaldo ciudadano y denuncias por violaciones de derechos humanos.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga de 30 días del régimen de excepción, a solicitud del gobierno del presidente Nayib Bukele, consolidando una medida que está cerca de cumplir cuatro años en vigor. 
El Congreso, dominado por el oficialismo, avaló la extensión sin debate y con amplia mayoría. Esta política se implementó en marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a pandillas y desde entonces se ha renovado de forma continua. 
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Las autoridades sostienen que el régimen ha permitido reducir drásticamente los homicidios y debilitar a las estructuras criminales. Según cifras oficiales, más de 91.000 personas han sido detenidas en el marco de esta estrategia de seguridad. 
El Ejecutivo argumenta que la medida sigue siendo necesaria ante intentos de reorganización de pandillas y actividades ilícitas persistentes en distintas zonas del país. 
Además, el decreto mantiene herramientas como la ampliación de la detención administrativa hasta 15 días y la intervención de comunicaciones, con el objetivo de fortalecer las investigaciones. 
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Organizaciones humanitarias han cuestionado la continuidad del régimen, al señalar miles de denuncias por detenciones arbitrarias, abusos y muertes bajo custodia estatal. 
Diversos informes advierten que la suspensión de garantías constitucionales ha generado un impacto significativo en los derechos fundamentales, especialmente en el acceso a la defensa legal y el debido proceso. A pesar de estas críticas, el régimen cuenta con un alto respaldo ciudadano, impulsado por la percepción de mayor seguridad en el país.
La extensión constante de esta medida ha convertido al régimen de excepción en el eje central de la estrategia de seguridad del gobierno.
Mientras el Ejecutivo defiende sus resultados, el debate continúa entre quienes priorizan la reducción de la violencia y quienes advierten sobre el costo en derechos y garantías democráticas. El Salvador entra así en su cuarto año bajo un modelo que redefine el equilibrio entre seguridad y libertades en la región.
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