La Fiscalía española considera que la Audiencia Nacional puede investigar a Julio Iglesias por presunta violencia sexual y maltrato laboral contra dos exempleadas en el Caribe.
La Fiscalía de España considera que la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar a Julio Iglesias por presuntos delitos de violencia sexual y maltrato laboral contra dos exempleadas que trabajaron en sus propiedades del Caribe en 2021.
El nuevo informe, enviado al juez Antonio Piña, contradice el criterio de la teniente fiscal Marta Durántez, quien había sostenido que el tribunal español no podía asumir el caso. Ahora, el juez deberá decidir si abre una investigación.
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El fiscal Vicente González Mota elaboró el documento, que también recibió el respaldo de Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público no explicó públicamente por qué cambió su postura.
Dos mujeres, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad, denunciaron al cantante en enero de 2026. Según la querella, los hechos ocurrieron entre enero y diciembre de 2021, cuando ambas trabajaban en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.
Las denunciantes atribuyen al artista presuntos delitos contra la libertad sexual, imposición de trabajo forzado y servidumbre, además de lesiones, trato vejatorio y vulneraciones de los derechos laborales.
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La investigación periodística de elDiario.es y Univision Noticias, publicada en enero, reunió testimonios y documentos sobre las condiciones laborales denunciadas. Entre las pruebas aportadas figuran mensajes de WhatsApp, fotografías, grabaciones, registros de llamadas y documentos laborales.
Según sus testimonios, habrían sufrido acoso sexual, vigilancia de sus teléfonos, restricciones para salir de las viviendas y jornadas de hasta 16 horas sin descanso. Una de ellas también denunció exámenes médicos obligatorios.
La organización Women’s Link Worldwide respalda la denuncia. Iglesias niega los hechos y su defensa solicitó archivar las diligencias.
La decisión judicial determinará si las acusaciones pasan a una fase de investigación formal.
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