Chile debate un proyecto para endurecer las sanciones por denuncias falsas, mientras especialistas advierten que confundir una acusación no probada con una mentira podría desalentar a víctimas.
Chile mantiene abierto el debate sobre una propuesta que busca endurecer las consecuencias para quienes presenten denuncias falsas, especialmente en casos relacionados con delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
La discusión enfrenta dos preocupaciones: proteger a las personas que puedan sufrir acusaciones deliberadamente falsas y evitar que nuevas sanciones generen miedo entre víctimas reales que buscan protección judicial.
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Los impulsores sostienen que una acusación falsa de abuso o violencia intrafamiliar puede provocar graves consecuencias personales y familiares. Entre ellas mencionan daños a la salud mental, pérdida del empleo, afectaciones a la reputación y conflictos relacionados con el contacto con los hijos.
También argumentan que algunos procesos ante tribunales de familia o penales pueden utilizarse como herramientas de venganza, control o ventaja durante disputas por separación y cuidado de los hijos.
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Quienes respaldan la propuesta consideran, además, que las figuras existentes para sancionar las denuncias calumniosas no siempre responden de manera suficiente al daño que puede provocar una acusación deliberadamente falsa.
Los detractores de la iniciativa señalan que el sistema debe distinguir entre una mentira intencional y una denuncia que no consigue suficientes pruebas para demostrar un delito.
En casos de violencia sexual o intrafamiliar, los hechos suelen ocurrir en espacios privados y pueden presentar dificultades probatorias. Por eso, una absolución, un sobreseimiento o el cierre de una investigación no demuestra por sí mismo que la víctima haya mentido.
Organizaciones de derechos y especialistas también advierten sobre un posible efecto disuasorio. Si las víctimas temen enfrentar una denuncia penal por no lograr acreditar completamente los hechos, podrían decidir no acudir a la justicia.
El debate, por tanto, plantea un desafío para Chile: sancionar las denuncias deliberadamente falsas sin convertir esa herramienta en una nueva barrera para quienes realmente necesitan protección frente a la violencia.
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