La Justicia de Estados Unidos fijó para el 1 de junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcotráfico. Ambos enfrentan cargos que podrían derivar en cadena perpetua.
La Justicia de Estados Unidos fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por presunta conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense. Ambos permanecen detenidos en una prisión de Brooklyn desde enero, cuando fueron trasladados a Nueva York tras una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas.
El juez Alvin K. Hellerstein estableció el calendario judicial a petición de la Fiscalía y la defensa. Antes del juicio, los abogados podrán presentar recursos para intentar anular la acusación y ambas partes volverán a comparecer ante el tribunal el próximo 17 de noviembre para discutir esas solicitudes.
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Nicolás Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, se declararon inocentes de los cargos. La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos participaron en una organización dedicada al envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos con apoyo de funcionarios venezolanos.
El abogado Barry Pollack anunció que solicitará el archivo del caso al argumentar que Maduro cuenta con inmunidad soberana. Además, calificó el operativo que permitió su captura como un “secuestro militar” y aseguró que existen aspectos legales que deben resolverse antes de iniciar el juicio.
Durante la audiencia, Maduro permaneció en silencio, escuchó la traducción mediante un intérprete en español y tomó algunas notas mientras seguía el procedimiento judicial.
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Los fiscales sostienen que la presunta conspiración permitió el traslado de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos durante varios años. Si un jurado lo declara culpable, tanto Maduro como Flores podrían enfrentar penas de cadena perpetua.
La pareja permanece recluida en una cárcel federal de Brooklyn y no ha solicitado libertad bajo fianza. Mientras el Gobierno estadounidense defiende la operación como una acción legítima de aplicación de la ley, Maduro sostiene que fue secuestrado y se considera un prisionero político.
El proceso judicial se perfila como uno de los casos internacionales más relevantes que afrontará la justicia estadounidense en los próximos años.
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