La inseguridad en la frontera entre Ecuador y Colombia detonó una crisis comercial con aranceles mutuos, en medio de reclamos por narcotráfico y control estatal.
La compleja situación de seguridad en la frontera de más de 600 kilómetros entre Ecuador y Colombia volvió a tensar la relación bilateral y derivó en una puja comercial sin precedentes recientes. El gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, impuso un arancel del 30% a las importaciones colombianas, una medida que tomó por sorpresa a Bogotá.
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Colombia respondió con una tasa equivalente para 20 productos ecuatorianos y con la suspensión del suministro de energía, lo que elevó el conflicto del plano político al económico. La decisión encendió alarmas entre comerciantes y transportistas de ambos países, que dependen de un flujo constante de bienes.
Ecuador justifica su decisión en una balanza comercial deficitaria que supera los 850 millones de dólares. Desde la frontera, el transportista colombiano James Palma advirtió que los aranceles encarecerán los costos y reducirán el despacho de productos. “Nos afectaría a todos”, señaló.
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Pese al cruce de medidas, ambos gobiernos mantienen abierta la vía diplomática. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld descartó una reunión inmediata con su par colombiana, aunque propuso retomarla en los próximos días.
La porosa frontera ha servido durante décadas como corredor de grupos armados ilegales. Según el analista Fernando Carrión, Ecuador reclama una débil presencia policial y militar del lado colombiano, mientras Colombia defiende su estrategia antidrogas.
Tras el acuerdo de paz con las FARC, nuevas organizaciones ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando ocuparon la zona. Estas bandas operan ahora en alianza con grupos ecuatorianos, lo que agravó la violencia.
Colombia destaca el aumento de incautaciones de cocaína en 2025, pero Ecuador insiste en que enfrenta solo a estructuras criminales en la frontera. Para expertos, la diferencia radica en las estrategias de control: Ecuador apuesta por presencia fija, mientras Colombia privilegia operaciones móviles. Esa brecha de enfoques, sumada a la inseguridad, terminó por trasladarse al comercio.
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