Keiko Fujimori consiguió facultades para legislar durante 90 días en Perú, incluidas medidas de militarización que generan alertas por posibles abusos y restricciones a la protesta social.
El Gobierno de Keiko Fujimori consiguió facultades legislativas para aprobar normas durante 90 días sin pasar nuevamente por el Congreso en Perú. La medida abarca 27 materias vinculadas con la seguridad interna, la militarización y la respuesta a los efectos del fenómeno climático de El Niño.
La decisión desató críticas porque el Senado incorporó disposiciones que la Cámara de Diputados había rechazado. El constitucionalista Luciano López sostiene que la Constitución impide al Senado recuperar asuntos descartados por la Cámara Baja durante el trámite legislativo.
Inicialmente, el Ejecutivo pidió facultades en 66 materias. Diputados redujo la solicitud a 20, centradas en seguridad ciudadana y emergencias climáticas. Sin embargo, el Senado amplió el alcance con siete facultades adicionales relacionadas con la intervención militar y los servicios de inteligencia.
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Entre las medidas aprobadas figuran la intervención directa de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia, la intervención militar en cárceles y la posibilidad de calificar como “organizaciones hostiles” a grupos considerados amenazas para el orden interno.
También se amplían las capacidades operativas de los servicios de inteligencia. Legisladores opositores advierten que estas herramientas podrían facilitar la persecución de organizaciones sociales y manifestantes.
La diputada Indira Huilca recordó la represión de las protestas de 2022 y 2023, que dejó decenas de muertos, y alertó sobre el riesgo de repetir esos episodios con nuevas herramientas legales.
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Para aprobar la ampliación, el oficialismo necesitaba 31 votos y logró reunir 35, con el respaldo de cinco senadores opositores. La votación terminó con 18 votos en contra y seis abstenciones.
Las nuevas facultades también reavivaron los recuerdos del Servicio de Inteligencia Nacional durante el Gobierno de Alberto Fujimori, padre de la actual mandataria, marcado por denuncias de espionaje y persecución política.
En medio de las críticas por el procedimiento parlamentario, la senadora oficialista Martha Moyano afirmó: “Ser autoritario no es tan malo”. La frase intensificó las preocupaciones sobre el rumbo democrático del país.
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