El Congreso de Guanajuato dejó vencer el plazo para reformar las normas que penalizan el aborto. Ahora, la Suprema Corte puede invalidarlas con efectos generales.
El Congreso de Guanajuato no modificó ni derogó los artículos de su Código Penal que criminalizan el aborto de manera absoluta dentro del plazo establecido por la Suprema Corte. El periodo de 90 días venció el 30 de septiembre, por lo que ahora la Corte puede avanzar con el procedimiento para invalidar esas normas de manera general.
La medida deriva del Amparo en Revisión 525/2024, resuelto por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte el 30 de abril de 2025. Por unanimidad, las ministras y ministros determinaron que los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal de Guanajuato son inconstitucionales porque forman parte de un sistema que penaliza el aborto voluntario de manera absoluta.
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En su sentencia, la Corte vinculó la prohibición con derechos como la dignidad humana, la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la salud y la igualdad y no discriminación.
Sin embargo, aquella sentencia surgió de un amparo promovido por GIRE. Por eso, sus efectos inmediatos protegieron a las mujeres y personas con capacidad de gestar acompañadas por esa organización que solicitaran un aborto. La declaración de inconstitucionalidad de las normas, no obstante, abrió el camino para buscar una protección de alcance general.
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El 9 de diciembre de 2025, la Corte notificó al Congreso de Guanajuato el inicio de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025 y le concedió el plazo correspondiente para corregir las normas.
Durante ese periodo se presentaron iniciativas para modificar el Código Penal, pero no consiguieron los votos necesarios para avanzar. Según GIRE, algunas propuestas terminaron archivadas y otras no obtuvieron mayoría dentro del Congreso.
Con el plazo vencido, la decisión pasa nuevamente a la Suprema Corte. El procedimiento permite que, si se cumplen los requisitos legales y se alcanza la mayoría constitucional necesaria, la Corte emita una declaratoria con efectos generales.
La importancia del proceso está en que la protección podría dejar de depender de que una persona esté acompañada por una organización que haya promovido un amparo.
La propia SCJN ya estableció que el sistema que penaliza el aborto voluntario en Guanajuato es contrario a derechos constitucionales.
Para GIRE, el vencimiento del plazo abre la posibilidad de que la Corte invalide los cuatro artículos y avance hacia una despenalización de alcance general en el estado. La organización estima que, de concretarse, Guanajuato se sumaría a las entidades mexicanas que han eliminado, al menos parcialmente, las sanciones penales contra quienes deciden interrumpir un embarazo.
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