Mujeres migrantes enfrentan fuertes barreras para acceder a salud sexual y reproductiva en Honduras y El Salvador, donde las restricciones legales agravan su vulnerabilidad.
Las mujeres migrantes que atraviesan Honduras y El Salvador enfrentan obstáculos legales, económicos e institucionales para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Un informe de Médicos del Mundo advierte que ambos países concentran algunas de las barreras más graves de la región. El estudio “La Cuerpa que Migra”, publicado el 6 de agosto, analizó la situación de mujeres migrantes y población LGBTIQ+ en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
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Uno de los datos más preocupantes señala que nueve de cada 10 sobrevivientes de violencia sexual atendidas entre 2021 y 2025 llegaron a los servicios médicos después de las primeras 72 horas. Ese retraso reduce la efectividad de tratamientos de emergencia, como la anticoncepción de emergencia y la profilaxis contra el VIH.
En El Salvador, la criminalización del aborto agrava el escenario. Desde 1998, el país prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. Además, mujeres que atraviesan emergencias obstétricas pueden terminar procesadas bajo acusaciones de homicidio agravado.
La reforma aprobada en abril de 2026 amplió la pena de homicidio hasta la cadena perpetua, aumentando la preocupación de organizaciones de derechos humanos.
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Honduras también penaliza el aborto sin excepciones, incluso cuando la vida de la gestante corre peligro. En 2021, el Congreso reforzó constitucionalmente esa prohibición y estableció requisitos especialmente elevados para modificarla.
En zonas fronterizas, las mujeres migrantes encuentran necesidades como atención prenatal, anticoncepción y atención tras sufrir violencia sexual, pero los servicios especializados siguen siendo insuficientes.
En Honduras, la anticoncepción de emergencia volvió a estar disponible en farmacias en 2023, después de más de una década de prohibición.
Ante estas carencias, organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras sostienen parte de la atención. Sin embargo, el informe advierte que la reducción del financiamiento internacional amenaza la continuidad de estos servicios.
Para Médicos del Mundo, garantizar atención integral requiere políticas públicas que consideren las necesidades específicas de las mujeres durante todo el tránsito migratorio.
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