Señor Director:
“No vamos a tocar los beneficios sociales”, afirmó el Presidente José Antonio Kast en su primera cuenta pública. A su vez, cuando era candidato se pronunció acerca de la llamada agenda valórica y dijo que no iban a hablar de temas que no fuesen urgencias sociales. La discusión del proyecto de presupuesto 2027 pone en duda estas afirmaciones.
La propuesta de presupuesto aumenta los recursos generales de salud, pero hay cambios de enfoque que son significativos. En 2026, los objetivos de la Subsecretaría de Salud Pública reconocían expresamente los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. En los objetivos publicados para 2027 no aparece una formulación equivalente. Persisten referencias a prevención y atención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, pero la salud de las mujeres comprende necesidades mucho más amplias.
Tampoco aparecen exigencias de información sobre políticas de fertilidad y estudios de criopreservación o sobre la entrega de anticoncepción de emergencia. Esto sí existía en la ley de presupuesto del 2026.
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Sabemos que la única forma de monitorear avances en una política pública consiste en poder contar con información sobre el mismo. Esta propuesta presupuestaria opta por invisibilizar los temas de salud sexual y reproductiva. Lo anterior no significa que dejarán de entregarse prestaciones, pero sí se puede generar un impacto negativo en estas políticas por su falta de priorización estratégica, y porque no será obligatorio entregar informes sobre sus avances.
Asimismo, significa relegar estas materias a un segundo plano, a pesar de que sabemos que Chile tiene problemas serios de natalidad y, por lo mismo, se requiere más que nunca de políticas para abordar la salud sexual y reproductiva.
La discusión parlamentaria puede corregir estas debilidades. El Gobierno debe explicar dónde estarán los recursos, qué coberturas se comprometen y cómo se informarán los resultados. Proteger los beneficios sociales exige que esa protección pueda comprobarse. En salud sexual y reproductiva, hacer visibles los compromisos y su financiamiento es parte de cumplir la promesa.
Yamileth Granizo
Doctora en salud pública
Claudia Sarmiento
Elisa Walker
Abogadas
Texto tomado de El Mercurio
