La JEP atribuyó crímenes de guerra y de lesa humanidad a diez exmandos de las FARC por hechos que afectaron a cinco pueblos indígenas entre 1996 y 2016.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia atribuyó responsabilidad a diez antiguos mandos de las FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1996 y 2016 contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía. La decisión, anunciada el 13 de octubre, incluye a tres integrantes del último Secretariado guerrillero: Joaquín Gómez, El Médico y Carlos Antonio Lozada.
La investigación documentó 1.134 victimizaciones contra los pueblos Nükak Baká, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw, que en conjunto suman 10.073 personas. La JEP atribuyó 598 hechos al Bloque Sur y 536 al Bloque Oriental de las antiguas FARC.
Los delitos imputados incluyen exterminio, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, persecución y desplazamiento forzado. También abarcan el uso de minas antipersonal y daños al medioambiente.
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La JEP identificó dos patrones de violencia. El primero buscó controlar los territorios y las comunidades mediante ataques contra autoridades tradicionales, docentes, líderes y médicos ancestrales considerados contrarios a los intereses de la guerrilla.
Uno de los episodios ocurrió el 25 de julio de 1997 en el resguardo de San Luis, en Caquetá. Integrantes de los frentes 15 y 49 separaron a miembros de la comunidad siguiendo una lista y asesinaron a siete personas, entre ellas el cacique Reimundo Figueroa y dos docentes.
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El segundo patrón reúne crímenes cometidos durante las hostilidades, incluidos ataques que dañaron el entorno natural. Entre las víctimas figura María Eloísa Yaiguaje Payaguaje, sabedora ancestral del pueblo Siona, quien murió en diciembre de 2012 al pisar una mina antipersonal.
La JEP señaló que la violencia no solo causó muertes y desplazamientos: también quebró la relación de las comunidades con sus territorios, afectó lugares sagrados y amenazó su continuidad cultural y espiritual.
Los diez comparecientes deberán responder por las imputaciones. La decisión atribuye responsabilidad como coautores mediatos y, en algunos casos, por mando. El proceso busca establecer responsabilidades y avanzar hacia el reconocimiento de los daños sufridos por los pueblos indígenas.
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