Un juez federal anuló el aumento de 100.000 dólares para las visas H-1B impulsado por Donald Trump, al considerar que excedió las facultades del Ejecutivo.
Un juez federal de Boston anuló la tarifa de 100.000 dólares impuesta por el presidente Donald Trump para las visas de trabajo H-1B, al considerar que el Gobierno excedió sus atribuciones al establecer el cobro sin autorización del Congreso.
La decisión responde a una demanda presentada por 20 estados y representa un revés para una de las medidas migratorias más controvertidas impulsadas por la administración republicana. El fallo sostiene que la política violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula la creación de normas por parte de las agencias federales.
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Las visas H-1B fueron creadas en 1990 para permitir que empresas e instituciones estadounidenses contraten trabajadores extranjeros con conocimientos especializados. El permiso tiene una duración inicial de tres años y puede renovarse por otros tres.
Sectores como tecnología, salud, educación y banca dependen de este mecanismo para cubrir vacantes altamente calificadas. Según estimaciones económicas, cerca de 700.000 personas poseen actualmente este tipo de visa en Estados Unidos.
La Casa Blanca anunció en septiembre del año pasado un aumento drástico en el costo de las solicitudes, que pasaron de 215 dólares a 100.000 dólares. Trump defendió la medida argumentando que buscaba evitar que trabajadores extranjeros reemplazaran a empleados estadounidenses con salarios más bajos.
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Sin embargo, la iniciativa tuvo una escasa respuesta. Hasta febrero, el Gobierno solo había recaudado 8,5 millones de dólares mediante 85 pagos registrados.
Mientras algunos sectores consideran que las visas H-1B fomentan la competencia salarial, empresas tecnológicas, universidades y hospitales sostienen que estos profesionales complementan la fuerza laboral estadounidense y fortalecen la innovación.
La decisión del juez Leo Sorokin podría no ser definitiva. Existen otros procesos judiciales abiertos en diferentes tribunales federales, por lo que el futuro de la política migratoria impulsada por Trump todavía podría enfrentar nuevas batallas legales.
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