Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por sus comentarios tras ser denunciado por abusos sexuales

Julio Iglesias presenta demanda de conciliación contra Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual” y exige retractación pública e indemnización.

El cantante Julio Iglesias presentó una demanda de conciliación contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tras unas declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual”. El artista exige que la ministra se retracte públicamente, reconozca el “daño causado” y lo indemnice por las manifestaciones que considera injuriosas.

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La acción legal constituye el paso previo a una posible querella por calumnias e injurias. La defensa del cantante, encabezada por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que Díaz vulneró el derecho a la presunción de inocencia al referirse a él como responsable de hechos que no han sido acreditados judicialmente.

Las declaraciones que originaron la demanda

El conflicto surgió después de que la vicepresidenta publicara un mensaje en la red social Bluesky el 13 de enero. Allí habló de “abusos sexuales” y de una supuesta “estructura de poder basada en la agresión permanente”, en referencia a testimonios de exempleadas del cantante. Un día después, durante una entrevista en el programa La Hora de La 1, reiteró su preocupación por lo que calificó como graves vulneraciones de derechos humanos, aunque también utilizó el término “presunto agresor”.

Las acusaciones contra Iglesias habían llegado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero el organismo archivó la denuncia en enero por falta de competencia.

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Exigen retractación y posible indemnización

En el escrito presentado, la defensa argumenta que las declaraciones públicas de un alto cargo del Estado influyen en la opinión pública y pueden dañar de forma irreversible la reputación de una persona. Además, subraya que el cantante no ha tenido la condición formal de investigado.

Tras conocerse la demanda, Díaz defendió su postura en redes sociales y aseguró que continuará apoyando a las mujeres trabajadoras ante cualquier vulneración de derechos. El proceso de conciliación determinará si ambas partes alcanzan un acuerdo o si el caso avanza a los tribunales.

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