En Venezuela, el aborto sigue penalizado salvo para salvar la vida de la mujer. En Colombia, las migrantes temen perder el acceso ante una ofensiva contra este derecho.
En Venezuela, el aborto continúa penalizado salvo cuando un médico considera que el procedimiento resulta necesario para salvar la vida de la mujer. Ante la falta de acceso seguro, muchas recurren a redes clandestinas o buscan atención en Colombia, donde la ley permite interrumpir el embarazo hasta la semana 24.
La situación afecta especialmente a quienes viven en la pobreza. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2025, casi uno de cada tres hogares venezolanos no logra cubrir sus necesidades alimentarias. Para muchas mujeres, continuar un embarazo también supone afrontar gastos de crianza que no pueden asumir.
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Daniella Inojosa, directora de la organización feminista Tinta Violeta, denuncia que la legislación venezolana no contempla adecuadamente la salud física ni mental de las mujeres. La excepción legal depende de la interpretación médica y carece de un procedimiento claro, lo que deja a muchas pacientes sin garantías.
Además, el temor a enfrentar consecuencias penales puede disuadir a quienes sufren abortos espontáneos de acudir a los hospitales.
Desde 2022, Colombia permite interrumpir el embarazo hasta la semana 24 sin necesidad de justificar una causal. La normativa también protege el acceso de las mujeres migrantes, independientemente de su situación administrativa.
Sin embargo, organizaciones feministas alertan sobre iniciativas políticas que buscan restringir este derecho y sobre los obstáculos que enfrentan las venezolanas para recibir atención.
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Los recortes de financiación estadounidense también han obligado a algunas organizaciones a dejar de ofrecer servicios relacionados con el aborto, según activistas citadas por El País.
El miedo a la deportación, la desinformación y las dificultades económicas agravan las barreras para las migrantes. Así, mujeres que huyen de la precariedad encuentran nuevos obstáculos para decidir sobre sus cuerpos.
Mientras Venezuela mantiene una legislación restrictiva, las organizaciones feministas reclaman atención sanitaria segura, educación sexual y acompañamiento sin criminalización. Para muchas mujeres, acceder a un aborto sigue dependiendo de sus recursos económicos y de la posibilidad de cruzar una frontera.
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