Silvia, una mujer embarazada de cinco meses en Valladolid, tuvo que viajar a otra provincia para acceder a un aborto tras recibir negativas en hospitales públicos de su ciudad.
Silvia, nombre ficticio de una mujer de Valladolid, estaba embarazada de cinco meses cuando recibió el diagnóstico de una gestación inviable. Sin embargo, además de afrontar la situación médica, tuvo que buscar atención fuera de su ciudad porque los hospitales públicos locales no le ofrecieron el procedimiento.
En el Hospital Río Hortega, una trabajadora social le explicó que, mientras el feto mantuviera latido, debían derivarla a una clínica privada. Según su testimonio, la objeción de conciencia de los profesionales impedía acceder al aborto en los hospitales públicos de Valladolid, incluso ante circunstancias que podían poner en riesgo su salud.
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La clínica privada a la que acudió le advirtió que existía riesgo de sangrado y que no disponía de medios para realizar una transfusión. Si surgían complicaciones, tendría que trasladarla en ambulancia a un hospital público.
Ante esa situación, decidieron esperar una semana para comprobar si el latido se detenía. Silvia describió esa espera como una experiencia angustiante: “Estar esperando que el latido se pare es una tortura”.
Finalmente, Silvia se trasladó a un hospital público de otra provincia de Castilla y León, donde sí le practicaron el aborto. Después, tuvo que regresar allí para realizarse las revisiones médicas.
«Me dijeron que tenía que irme donde me lo habían realizado; parece que me estuvieran castigando», lamentó.
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La ley española de salud sexual y reproductiva, reformada en 2023, establece garantías para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario. Sin embargo, el caso de Silvia expone las dificultades que afrontan algunas pacientes cuando los servicios públicos de su zona no ofrecen esta atención.
La objeción de conciencia individual no elimina la obligación de las administraciones sanitarias de garantizar el acceso al aborto. Cuando una paciente debe viajar mientras atraviesa una situación médica compleja, la distancia puede convertirse en una barrera para ejercer un derecho reconocido por la ley.
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