España registró más denuncias por violencia de género en 2025, con leve aumento de víctimas y una caída en órdenes de protección concedidas.
España cerró 2025 con un incremento en las denuncias por violencia de género y un ligero aumento en el número de víctimas, según el balance anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En total, se registraron 204.342 denuncias, un 2,64% más que en 2024, mientras que el número de víctimas alcanzó las 185.188 mujeres, con un crecimiento del 0,7%. Esto se traduce en una media diaria de más de 550 denuncias y más de 500 víctimas, lo que refleja la persistencia estructural del problema.
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Uno de los datos más preocupantes del informe es la caída en las órdenes de protección. Durante 2025 se solicitaron 47.944, lo que representa un descenso del 2,68% respecto al año anterior.
De ellas, poco más de 32.000 fueron concedidas, mientras que cerca de 15.000 se denegaron. Esta tendencia genera inquietud entre especialistas, ya que las órdenes de protección constituyen una herramienta clave para prevenir la violencia.
Además, más de 20.900 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor, un aumento significativo que evidencia las dificultades que enfrentan muchas mujeres dentro del proceso judicial.
A pesar de estos datos, el sistema judicial registró un aumento en las sentencias condenatorias. En 2025 se dictaron más de 60.000 resoluciones, con una tasa de condena superior al 82%.
Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer concentraron los mayores porcentajes de condenas, lo que confirma su papel central en la respuesta institucional.
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La incidencia de la violencia de género varía según la región. Algunas comunidades autónomas superan ampliamente la media nacional, mientras que otras presentan cifras más bajas.
Sin embargo, el problema sigue siendo generalizado. La tasa nacional se mantiene en 74 víctimas por cada 10.000 mujeres, sin cambios respecto al año anterior.
Los datos reflejan avances en la respuesta judicial, pero también evidencian retos importantes.
El aumento de denuncias puede interpretarse como mayor visibilidad y confianza en el sistema, pero la reducción de medidas de protección y el incremento de renuncias muestran que aún existen barreras significativas.
En este contexto, el informe del CGPJ confirma que la violencia de género continúa siendo uno de los principales desafíos sociales y judiciales en España.
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