Más de 13 000 solicitantes de asilo en EE.UU. enfrentan órdenes de deportación a países sin vínculos, quedando atrapados en un limbo legal y sin claridad sobre su futuro.
Miles de inmigrantes que buscaban asilo en Estados Unidos y vivían legalmente mientras sus procesos avanzaban han recibido órdenes de deportación a terceros países con los que no tienen ningún vínculo, generando un limbo legal profundo. La situación preocupa a organizaciones de derechos humanos y expertos en migración, que señalan el impacto en la estabilidad y derechos de estas personas. 
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Según la organización sin fines de lucro Mobile Pathways, más de 13 000 migrantes fueron notificados de posibles deportaciones a países como Uganda, Ecuador, Honduras y otras naciones donde no tienen lazos personales o familiares. Estas órdenes surgieron tras cambios en las políticas migratorias y fallos judiciales que facilitan la deportación a “países terceros”. 
En algunos casos, los migrantes perdieron sus permisos de trabajo, lo que empeora su situación económica y social mientras esperan resoluciones definitivas. La falta de transparencia sobre cómo se eligen esos destinos y sobre los acuerdos entre Estados Unidos y las naciones receptoras ha generado críticas de defensores de derechos humanos. 
Historias individuales reflejan la incertidumbre. Un hombre de Afganistán que huyó del régimen talibán en Nueva York recibió una orden de deportación a Uganda, un país que nunca había visitado. Una mujer cubana en Texas recibió instrucciones de ser enviada a Ecuador tras un accidente menor. Otros ciudadanos de Bolivia, Ecuador y Venezuela en diferentes estados también enfrentan órdenes similares. 
Aunque la mayoría de estas órdenes no se han ejecutado aún debido a obstáculos logísticos y diplomáticos, la amenaza pesa sobre miles de solicitantes que no saben si podrán completar sus casos de asilo o serán forzados a permanecer lejos de sus redes de apoyo. 
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Activistas advierten que esta estrategia incrementa el miedo entre las comunidades migrantes y podría llevar a muchos a abandonar sus procesos legales por temor a ser enviados a lugares desconocidos. La ausencia de claridad en procedimientos y garantías debilita aún más la confianza en el sistema de asilo estadounidense. 
El debate sobre esta política continúa mientras grupos de derechos humanos piden mayor transparencia y protección para quienes huyen de violencia o persecución.
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