Javier Milei modificó por decreto el sistema de selección de jueces de la Corte Suprema y eliminó recomendaciones sobre género, especialidad y origen regional.
El presidente argentino, Javier Milei, firmó un decreto que introduce cambios en el procedimiento para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia y deja sin efecto recomendaciones vinculadas con la diversidad de género, la especialización jurídica y la representación regional de los candidatos.
La medida, publicada en el Boletín Oficial y rubricada junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modifica disposiciones impulsadas durante la presidencia de Néstor Kirchner que regulaban la designación de magistrados, fiscales y defensores públicos.
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Uno de los principales cambios elimina la etapa en la que ciudadanos y organizaciones podían presentar observaciones, adhesiones o impugnaciones ante el Ministerio de Justicia antes del envío de los pliegos al Senado.
El nuevo esquema también deja atrás la obligación de publicar los antecedentes de los postulantes en diarios nacionales y provinciales. A partir de ahora, esa información se difundirá únicamente a través del Boletín Oficial y del sitio web del Ministerio de Justicia, con plazos más reducidos.
La nueva normativa suprime además la recomendación de considerar la diversidad de género, las especialidades jurídicas y la procedencia regional al momento de cubrir vacantes en el máximo tribunal.
El Gobierno justificó la decisión al señalar que busca agilizar los procedimientos y adaptar la difusión de la información a los medios digitales actuales.
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La Corte Suprema funciona actualmente con tres de sus cinco integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las vacantes se produjeron tras la salida de Elena Highton de Nolasco y la jubilación de Juan Carlos Maqueda.
Desde su llegada al poder, Milei intentó incorporar al juez Ariel Lijo y al académico Manuel García Mansilla. Sin embargo, ambos nombramientos encontraron resistencia en el Senado y no consiguieron los dos tercios necesarios para su aprobación.
La nueva modificación reabre el debate sobre el equilibrio institucional y el alcance de la participación ciudadana en la conformación del máximo tribunal del país.
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