Organizaciones de derechos humanos demandan a Milei por eliminar criterios de diversidad de género y participación ciudadana en la selección de jueces de la Corte Suprema.
Amnistía Internacional, la Red Mujeres para la Justicia, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Center for Justice and International Law (CEJIL) presentaron una demanda contra el Gobierno de Javier Milei por modificar las reglas para seleccionar a los integrantes de la Corte Suprema argentina.
La presentación cuestiona un decreto firmado por el presidente el pasado 16 de junio. La medida eliminó criterios que exigían al Poder Ejecutivo considerar la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los candidatos. También eliminó mecanismos que permitían a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil presentar observaciones sobre las candidaturas.
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Las organizaciones consideran que la decisión resulta inconstitucional y representa un retroceso en las obligaciones de Argentina sobre igualdad y no discriminación. Además, advierten que la reforma aumenta el margen de discrecionalidad del Ejecutivo para elegir a quienes aspiran a ocupar los máximos cargos judiciales.
Las entidades recordaron que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó preocupación por la baja representación femenina en los tribunales superiores y recomendó avanzar hacia una participación más igualitaria. Según los datos citados en la demanda, las mujeres representan cerca del 57 % del personal del sistema judicial argentino, pero solo ocupan el 31 % de sus máximas autoridades.
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Las organizaciones también cuestionan que la ciudadanía ya no pueda aportar información u observaciones sobre los candidatos antes de que el Ejecutivo envíe oficialmente sus nombres al Senado. Actualmente, la Corte Suprema funciona con tres de los cinco integrantes previstos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Desde que llegó al poder en diciembre de 2023, Milei ha intentado completar las vacantes. Sus propuestas para designar al juez Ariel Lijo y al académico Manuel García Mansilla por decreto, sin embargo, no consiguieron el respaldo necesario en el Senado.
La demanda pone nuevamente bajo escrutinio la forma en que el Gobierno busca completar el máximo tribunal y el impacto de esas decisiones sobre la diversidad y la independencia judicial.
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