Milei nombró más de 50 funcionarios judiciales y envió 21 pliegos al Senado para avanzar en la renovación de la Justicia.
El presidente argentino, Javier Milei, profundizó su influencia sobre el sistema judicial tras firmar más de 50 designaciones de jueces, fiscales y defensores públicos. La medida llega semanas después de que el Senado aprobara 74 pliegos propuestos por el Gobierno, en una de las mayores renovaciones judiciales de los últimos años.
Las designaciones se concretaron en distintas jurisdicciones del país y abarcan tribunales federales, cámaras de apelaciones y fiscalías. Además, el Poder Ejecutivo remitió otros 21 pliegos al Senado para continuar el proceso de cobertura de vacantes.
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Entre los nombramientos más destacados figuran Emilio Santiago Faggi para la Cámara Federal de La Plata y Jésica Sircovich para el Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad. También se confirmaron cargos en los tribunales federales de San Martín, una jurisdicción de gran relevancia para causas complejas.
Otro de los nombres que sobresalen es Juan Andrés Moldes, designado fiscal en el fuero penal económico. Su incorporación fue bien recibida por sectores de la denominada familia judicial, debido a su trayectoria dentro del Ministerio Público.
No todas las designaciones avanzaron. El Gobierno dejó sin efecto algunos nombramientos vinculados a tribunales que aún no están habilitados para funcionar, entre ellos el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata y un juzgado federal en Hurlingham.
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Mientras se concretan las designaciones, el Senado se prepara para evaluar una nueva tanda de postulaciones. Entre ellas destaca la candidatura de Juan Tomás Rodríguez Ponte para un juzgado federal de Lomas de Zamora.
La Casa Rosada también observa con atención futuras vacantes en la Cámara Federal de Buenos Aires, uno de los tribunales más influyentes del país. Allí se revisan investigaciones de alto impacto político y económico, por lo que las próximas designaciones podrían tener efectos significativos en el escenario judicial argentino.
Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar la cobertura de cargos vacantes y consolidar una nueva etapa en la estructura de la Justicia federal.
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