El Ministerio de Salud responde a las críticas y sostiene que los nuevos impuestos al alcohol buscan proteger el sistema de salud y fortalecer la prevención de enfermedades.
El Ministerio de Salud de Colombia salió al paso de las críticas contra los nuevos impuestos al alcohol decretados por el Gobierno. La cartera aseguró que la medida busca fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud y reducir los costos asociados al consumo nocivo de bebidas alcohólicas, una de las principales causas de enfermedades crónicas y accidentes en el país.
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Desde Minsalud insisten en que el aumento tributario no persigue fines recaudatorios aislados, sino que responde a una política de salud pública. Según la entidad, el alcohol genera una alta carga para el sistema, tanto en atención hospitalaria como en tratamientos de largo plazo, lo que obliga a buscar fuentes estables de financiación.
En paralelo al debate fiscal, la Superintendencia Nacional de Salud recordó que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud tienen destinación exclusiva. Tras los recientes embargos ordenados por jueces a cuentas de algunas EPS, la entidad subrayó que estos fondos no pueden desviarse hacia fines distintos a la atención de los usuarios.
El superintendente Bernardo Camacho explicó que la inembargabilidad de los recursos opera como un principio constitucional. Su aplicación, afirmó, protege el flujo financiero del sistema y evita que intereses particulares afecten la prestación de servicios.
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La Supersalud reconoce solo tres excepciones puntuales: obligaciones laborales, sentencias judiciales y títulos estatales exigibles. Incluso en esos casos, exige verificar el origen de los recursos, ya que todos los ingresos del sistema, desde cotizaciones hasta aportes estatales, tienen carácter público y destinación específica.
Minsalud considera que los impuestos al alcohol se alinean con este marco. Al gravar productos que impactan la salud, el Gobierno busca financiar prevención y garantizar que los recursos lleguen de forma oportuna a la atención médica. Para la cartera, la medida resulta impopular, pero necesaria para proteger un sistema bajo presión creciente.
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