Una cordobesa demandó a AstraZeneca y al Estado tras desarrollar síndrome de Guillain-Barré después de vacunarse contra el COVID-19. La Justicia analiza el vínculo.
Una mujer de Coronel Moldes, Córdoba, demandó a AstraZeneca y al Estado nacional tras atribuir a una dosis de la vacuna contra el COVID-19 el síndrome de Guillain-Barré que le dejó una incapacidad laboral del 75,6%.
Flavia Ochoa recibió una tercera dosis de AstraZeneca el 4 de enero de 2022. Según su presentación judicial, horas después comenzó a sentir fuertes dolores musculares y calambres. Al día siguiente perdió progresivamente la movilidad de brazos y piernas y debió ser trasladada a un sanatorio de Río Cuarto.
Otras noticias: Costa Rica rechaza ante la ONU términos que visibilizan la violencia de género
Los documentos incorporados al expediente señalan que los médicos diagnosticaron a Ochoa con síndrome de Guillain-Barré y cuadriparesia. Durante su tratamiento recibió gammaglobulina y otros medicamentos, además de atravesar un extenso proceso de rehabilitación.
La mujer inicialmente necesitó una silla de ruedas. Actualmente camina con un andador y continúa con rehabilitación tres veces por semana.
Según el dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo incluido en el expediente, presenta una incapacidad laboral del 75,60%. Ochoa sostiene que su condición modificó radicalmente su vida cotidiana y laboral.
Léase también: La extrema derecha de Chile busca que las mujeres escuchen el latido del feto antes de abortar
La demanda reúne historias clínicas, estudios neurológicos, certificados médicos, un reporte presentado ante la ANMAT y documentación relacionada con el evento supuestamente atribuible a la vacunación. Sin embargo, la existencia de una secuencia temporal entre la vacunación y la aparición de los síntomas no demuestra por sí sola una relación causal. Ese vínculo constituye uno de los principales puntos que deberá evaluar la Justicia mediante las pruebas del proceso.
Antes de acudir a los tribunales, Ochoa utilizó el procedimiento administrativo previsto por la Ley 27.573 para personas que alegan daños asociados a vacunas contra el COVID-19. Según la demanda, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas rechazó el reclamo porque no pudo establecer un nexo causal entre la vacunación y el cuadro denunciado.
Ahora, la mujer reclama una indemnización por incapacidad, daño moral, daño emergente, pérdida del proyecto de vida y otros conceptos. También cuestiona la constitucionalidad de artículos de la Ley 27.573 y, de manera subsidiaria, solicita acceder al fondo de reparación contemplado por esa normativa.
Te puede interesar: La filtración que puso bajo la lupa a Dialog y sus reuniones
