Una mujer ganó la primera demanda civil en Chile contra un médico por impedirle acceder a un aborto legal. El tribunal ordenó una indemnización de $100 millones.
Un juzgado civil de Santiago falló a favor de Catalina Pizarro, quien demandó al médico Eduardo Carstens por impedirle acceder a una interrupción voluntaria del embarazo bajo la causal de inviabilidad fetal.
La sentencia, publicada el 23 de septiembre, estableció que el profesional incumplió sus obligaciones médicas y determinó que existió una “obstrucción ilegal” al acceso al procedimiento, además de incumplimientos de protocolos y entrega de información errónea y tergiversada.
El tribunal ordenó pagar a Pizarro una indemnización de 100.275.000 pesos chilenos, equivalentes a poco más de 100.000 dólares. La resolución puede ser apelada.
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Chile despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres situaciones mediante la Ley 21.030, vigente desde 2017: riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación. En el caso de inviabilidad fetal, la normativa exige diagnósticos médicos que acrediten una alteración letal incompatible con la vida fuera del útero.
La abogada Francisca Millán, del estudio AML Defensa de Mujeres, señaló a EFE que el fallo establece criterios sobre las obligaciones de los profesionales de salud y el deber de garantizar información y acceso efectivo.
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Pizarro acudió en 2018 a la Clínica Tabancura cuando tenía 12 semanas de embarazo. Los médicos detectaron un higroma cervical bilateral y posteriormente hidrops fetal, condiciones que anticipaban la muerte del feto durante la gestación.
Según su representación legal, Pizarro solicitó la interrupción por inviabilidad fetal, pero el procedimiento no se realizó. El embarazo llegó a las 20 semanas, cuando ocurrió la muerte fetal y la paciente debió someterse a una cesárea de emergencia. El médico y la clínica negaron que la mujer hubiera solicitado el aborto. Sin embargo, el tribunal consideró acreditados los antecedentes presentados por Pizarro.
La demanda se presentó en 2020 y el proceso se prolongó por la pandemia, una mediación obligatoria sin acuerdo y otras diligencias judiciales.
Para Millán, el caso también permite discutir cómo las obligaciones de información y atención médica deben garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación chilena.
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