170 familias multimillonarias han aportado más de 1.700 millones de dólares para influir en las elecciones legislativas de EE. UU. de 2026, según un informe.
Las familias multimillonarias de Estados Unidos han destinado más de 1.700 millones de dólares a influir en las elecciones legislativas de 2026, según un informe de Americans for Tax Fairness Action Fund publicado el 7 de octubre. El grupo contabilizó las contribuciones registradas hasta el 28 de agosto y comparó el gasto con ciclos electorales anteriores.
El informe señala que 170 familias multimillonarias participaron en el financiamiento político. La cifra supera los 1.000 millones de dólares que, según la organización, aportaron durante las elecciones de medio mandato de 2022. En 2010, el gasto de los multimillonarios en este tipo de elecciones alcanzó los 32 millones de dólares, de acuerdo con la comparación difundida por el grupo.
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Según el análisis, la mayor parte de los aportes llegó a grupos políticos externos, incluidos los llamados super PAC, que pueden recaudar cantidades ilimitadas para financiar gastos electorales independientes. El informe atribuye 1.200 millones de dólares, cerca del 69% del total contabilizado, a candidatos republicanos y grupos conservadores. Los candidatos demócratas y grupos afines recibieron unos 488 millones, el 28%.
En 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó la sentencia Citizens United v. FEC. El fallo permitió a empresas y sindicatos financiar publicidad política independiente sin los límites que antes restringían esos gastos. Posteriormente, otras decisiones judiciales facilitaron que los super PAC aceptaran contribuciones ilimitadas. Sin embargo, siguen vigentes los límites para las donaciones directas a candidatos.
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El informe sostiene que este marco favorece a quienes poseen grandes fortunas y pide reformar el sistema. La discusión gira en torno a cómo equilibrar la libertad de expresión política con la transparencia y la influencia del dinero en las elecciones.
Las cifras corresponden a una organización que promueve reformas para reducir el poder económico en la política. El gasto, por sí solo, no demuestra que los donantes determinen el resultado de una elección.
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