El nuevo Código Penal dominicano ya enfrenta sus primeros casos: un doble homicidio, un feminicidio y un adolescente herido podrían juzgarse bajo la nueva ley.
El nuevo Código Penal de República Dominicana comienza a enfrentar sus primeros casos apenas una semana después de su entrada en vigor. La Ley 74-25, promulgada por el presidente Luis Abinader, empezó a aplicarse el 3 de agosto, tras un año de vacatio legis.
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La normativa introduce cambios importantes, entre ellos la tipificación autónoma del feminicidio, nuevas sanciones por incumplir órdenes de alejamiento y penas más severas para determinados delitos.
Uno de los primeros expedientes corresponde a una balacera ocurrida el 8 de agosto en el establecimiento Drink La Trampa, en Villa Jaragua, Bahoruco.
El comerciante Jerinton Paulino Pérez Méndez, de 54 años, y Juan Diego Sena Matos, de 20, murieron durante el incidente. Otras dos personas sufrieron heridas de bala.
Las autoridades señalaron a Durvín Méndez Peña, alias “Kekero”, como presunto responsable. El hombre se entregó en Jimaní y quedó bajo investigación Si el Ministerio Público demuestra que cometió ambos homicidios y concurren las circunstancias previstas por la nueva legislación, el caso podría recibir la calificación de homicidio agravado, con penas de 30 a 40 años.
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En Montecristi, las autoridades investigan la muerte de Nelqui Alejandra Rodríguez García, de 28 años, quien habría muerto tras recibir varias heridas de arma blanca.
La Policía detuvo a Alan de Jesús Guzmán Castellanos, pareja de la víctima, como presunto responsable. El nuevo Código Penal reconoce expresamente el feminicidio y establece penas de 30 a 40 años de prisión. En circunstancias agravantes, la condena puede alcanzar los 40 años.
Otro caso ocurrió en Santo Domingo Este, donde un adolescente de 14 años recibió un disparo en el hombro mientras presenciaba un partido de baloncesto. Un hombre de 55 años también sufrió heridas de arma blanca. La Policía mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades.
Los hechos ocurridos desde el 3 de agosto quedan sujetos al nuevo Código Penal, mientras que los delitos cometidos antes de esa fecha continúan bajo la legislación anterior, debido al principio constitucional de irretroactividad.
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