El Parlamento de Nicaragua reformó otra vez la Constitución para impedir candidaturas de opositores y extender el mandato presidencial, reforzando el control de Ortega.
El Parlamento de Nicaragua aprobó una nueva reforma constitucional que impide a personas calificadas como “golpistas” o “traidores a la patria” competir por cargos de elección popular o ocupar puestos públicos.
La modificación, impulsada por el Gobierno de Daniel Ortega, también extiende de seis a siete años el mandato presidencial y el de otros funcionarios elegidos mediante el voto. Además, establece que las leyes extranjeras no tendrán efecto jurídico dentro del país. La medida profundiza el control político del oficialismo y llega después de que Ortega generara preocupación internacional al plantear públicamente la posibilidad de eliminar las elecciones.
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuestionó la reforma y afirmó que el Gobierno nicaragüense busca consolidar su permanencia en el poder y limitar el acceso de los ciudadanos a elecciones libres.
Rubio también pidió a otros países endurecer sus relaciones económicas y políticas con Nicaragua, al considerar que el Gobierno de Ortega no debería recibir los mismos beneficios que los Estados que respetan los derechos de sus ciudadanos.
La reforma ocurre además después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar la situación política nicaragüense.
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Desde las protestas de 2018, organismos internacionales han denunciado el aumento de la represión y el debilitamiento de la separación de poderes en Nicaragua.
El Gobierno ha encarcelado a opositores políticos y líderes religiosos, cerrado organizaciones civiles y expulsado o privado de su nacionalidad a miles de personas.
En julio, Ortega volvió a generar críticas internacionales cuando afirmó durante un acto por la Revolución Sandinista: “Aquí no volverá a haber elecciones”. El mandatario regresó al poder en 2007 y actualmente gobierna junto con su esposa, Rosario Murillo.
La nueva reforma no elimina formalmente los comicios, pero establece nuevas restricciones que dificultan la participación de sectores opositores y amplían el periodo de permanencia de las autoridades en el poder.
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