Una presunta directriz de la Presidencia de Abelardo de la Espriella limitaría entrevistas, centralizaría anuncios y exigiría revisar previamente la información oficial.
La Presidencia de Abelardo de la Espriella habría establecido nuevas reglas para regular la relación del Gobierno con los medios de comunicación. Según información conocida por Caracol Radio, una directriz interna limitaría las entrevistas oficiales y concentraría los anuncios en la Casa de Nariño.
El documento señala que los ministros podrían realizar declaraciones durante actividades públicas, pero no responder preguntas de periodistas. Además, los viceministros no actuarían como voceros oficiales y los anuncios de mayor alcance quedarían en manos del presidente. Las entidades y ministerios también tendrían que someter sus contenidos a una revisión antes de publicarlos.
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El abogado Miller Soto ocuparía un papel central dentro del nuevo modelo de comunicación. De acuerdo con el documento, tendría tres intervenciones diarias como vocero oficial de la Presidencia.
Los ministerios deberán enviar sus asuntos prioritarios a periodistas asignados por la Coordinación del alto gobierno. Posteriormente, la información pasaría por la oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño, encabezada por María Fernanda Sandoval, antes de su divulgación. La Presidencia también contemplaría talleres de vocería para preparar a los funcionarios y establecer una línea común en los mensajes públicos.
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Las instrucciones incluirían además una narrativa centrada en la llamada “patria milagro”, con mensajes sobre esperanza, reconstrucción y el cierre de una etapa considerada negativa.
Los comunicados ministeriales deberían ser breves, generalmente de máximo una página, y publicarse desde las cuentas institucionales. Los ministros podrían compartirlos posteriormente desde sus perfiles personales.
La directriz también abarcaría el gasto en comunicaciones. Los ministerios tendrían que entregar a la Presidencia información sobre sus planes de medios y campañas publicitarias vigentes, mientras estas acciones quedarían sujetas a revisión.
De confirmarse estas directrices, el Gobierno de De la Espriella no solo estaría centralizando su comunicación: estaría levantando una barrera frente a la prensa crítica. Limitar las preguntas, restringir las entrevistas y privilegiar a los llamados “medios amigos” reduce el acceso de los periodistas a los funcionarios y, con ello, el derecho de la ciudadanía a recibir respuestas sin filtros. La preocupación no es menor: una democracia necesita periodistas que puedan preguntar, incomodar y fiscalizar al poder, no un Gobierno que decida de antemano quién puede hablarle y bajo qué condiciones. La revelación ya genera cuestionamientos sobre una posible política de censura y control de la información pública.
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